Pedro Sánchez se ha arrogado en público la etiqueta de ‘feminista’ como si fuera un blindaje político. Pero su respuesta al escándalo de acoso sexual protagonizado por su estrechísimo colaborador, Francisco Salazar, revela una hipocresía institucional tan profunda como corrosiva. No ha bastado con que Salazar fuera acusado de conductas repugnantes, como pasearse por la Moncloa con la bragueta abierta o pedir a sus subordinadas que le enseñaran el escote. No ha bastado con que las denuncias llegaran por canales internos del PSOE . Ha hecho falta que la presión pública estallara para que el presidente decidiera mover ficha, y ni siquiera entonces lo ha hecho con la celeridad y transparencia exigible a un dirigente que presume de ejemplaridad. El pasado sábado, Sánchez afirmó asumir la «responsabilidad en primera persona» por el caso Salazar. Y al día siguiente, cesó al número dos del acosador, Antonio Hernández , sin dar explicación alguna sobre su papel en los hechos ni sobre por qué el presidente ha mantenido en silencio esta complicidad durante meses. Ese gesto tardío es, en sí mismo, una confesión: las conductas denunciadas ocurrieron dentro del Palacio de la Moncloa, en dependencias bajo control del presidente, por un individuo que le resulta especialmente querido al líder socialista. Con esta maniobra, Sánchez no asume ninguna culpa: sacrifica una pieza menor para salvar su propia imagen mientras lanza a su equipo de control de daños a maniobrar en la trastienda. Pero ya es tarde. No se puede sostener la imagen de un Gobierno feminista mientras se ignoran –o encubren– comportamientos aberrantes en la vecindad del despacho presidencial. Tampoco se puede predicar con fervor sobre la igualdad de género cuando se acepta que el propio Salazar estuviera a punto de ocupar un alto cargo en la dirección del PSOE cuando ya se conocían suficientemente la naturaleza de las denuncias. La falta de reacción solo puede entenderse como una maniobra de contención política, no como una muestra de principios. Ni la Moncloa ni Ferraz han cumplido con los estándares que ellos mismos exigen a las empresas privadas en estos casos: protocolos eficaces, diligencia en la tramitación y garantías reales para las víctimas. Las empleadas denunciantes ni siquiera recibieron una llamada de parte del partido. El órgano antiacoso del PSOE, creado con pompa en mayo, es puro papel mojado. Este caso, además, está siendo utilizado como arma por una facción interna que ha medido la autenticidad del feminismo de Sánchez y ya visualiza su paso a la posteridad. Las candidaturas de María Jesús Montero y Pilar Alegría –ambas con vínculos personales o políticos con Salazar– han quedado tocadas por la torpeza con la que se ha manejado esta crisis. Que se aproveche un escándalo de esta gravedad para ajustes de cuentas internos solo añade otra capa de cinismo a la respuesta oficial. Desde hace años, el PSOE se presenta como el garante de los derechos de las mujeres. Pero los hechos desmienten ese relato. Ya ocurrió con Ábalos y los escándalos de prostitución, ha sucedido con Salazar y últimamente con el caso del secretario general del partido en Torremolinos. La conclusión es obvia: en el PSOE no hay espacio para un feminismo que no esté cuidadosamente coreografiado desde arriba. Pedro Sánchez ha gestionado esta crisis con la mirada puesta en sus costes reputacionales, no en la Justicia. La Moncloa ha sido escenario de abusos y, hasta ayer, un santuario de silencio. El presidente ha sido, como mínimo, negligente. Y el feminismo que proclama es, en realidad, pura estrategia electoral.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-12-09 04:10:00
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