Miguel Corgos: «La quita de la deuda no otorgará más capacidad de gasto a las CC. AA.»

Es el hombre de la semana en Galicia. Representó a la Xunta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, él incluido, los consejeros de hacienda de las Comunidades gobernadas por el PP se levantaron y dieron plantón a la ministra María Jesús Montero, indignados por la quita de deuda regional presentada, dentro de los pactos del Gobierno con ERC para garantizar la viabilidad de la legislatura. Miguel Corgos (La Coruña, 1971) explica un rechazo que no es solo por las formas, sino sobre todo por lo que supone como manera de entender la política fiscal y presupuestaria de un país. —Conselleiro, ¿vio venir la jugada de la quita de la deuda? —Se veía venir desde el momento en el que se firma el acuerdo con ERC, evidentemente. Lo que no sabíamos era el momento porque, como estamos con un Gobierno con una debilidad extrema, ya suponíamos que sería cuando lo necesitara realmente, en este caso con motivo de la aprobación de los Presupuestos. No sabíamos a qué ritmo iba a ir, pero sabíamos que se iba a avanzar hacia esto. —¿Por qué deciden plantarse en la reunión del Consejo? —Porque es una forma de actuar que no se puede aceptar por parte de la mayor parte de las Comunidades. Lo que no puedes en un foro multilateral —en el que se tiene que articular el Estado de las Autonomías de forma colaborativa, coordinándonos y proponiendo entre todos— es aceptar que se empiecen a traer aquí documentos tan importantes y que se negocien fuera de ese foro con una parte nada más. Y que se traiga allí con una política de hechos consumados no nos parece bien. Ese Consejo de Política Fiscal llevaba dos asuntos en el orden del día que habían seguido el mismo íter procedimental. Por un lado el impuesto sobre la banca, que nos enteramos por el telediario que su recaudación iba a ser cedida a las CC.AA. ¿Y con qué criterio? No sabemos para qué lo llevan allí, porque ya estaba aprobado por una ley. Lo hacen para que le demos nosotros un cierto prurito de multilateralidad a algo que ya había consumado el propio Gobierno a nuestras espaldas. Y, en segundo lugar, y mucho más grave, el acuerdo de asunción de la deuda por parte de la Administración Central, que no es nada más que una resignación de la deuda entre CC.AA. También elaborado a nuestras espaldas. No podemos tolerar, o por lo menos no podemos ser partícipes de esta forma de hacer las cosas. —¿Lo peor de esta quita es la filosofía de la medida o el método de cálculo? —Esto es una mal llamada quita, porque en realidad es una mutualización de la deuda. Lo peor es que no es la necesidad principal de la mayor parte de las CC.AA., no es nuestra hoja de ruta y se está intentando priorizar porque interesa a otros. No estamos por la labor de que nos marquen la agenda de las necesidades, en mi caso de Galicia, otras Comunidades. Lo principal para nosotros es la financiación. La necesidad o capacidad de endeudamiento es un elemento de cierre del sistema. Primero tienes que tener los recursos, tienes la contrapartida que es el gasto y luego tienes la capacidad de endeudamiento. Pero lo principal es la capacidad de gasto para financiar las competencias que tú tienes asumidas. Entonces, empezar por el final no tiene sentido, y menos todavía si no hay ninguna condicionalidad. Porque simplemente es poner el contador a cero para volver a comenzar a endeudarse si no se equilibra la estructura financiera de las Comunidades que no la tienen equilibrada. Premia al irresponsable fiscal y a los gobernantes que no han tenido una cierta responsabilidad en la gestión de sus finanzas públicas. —¿Se abre entonces la puerta a que las Comunidades que tenían más deuda ya previamente puedan volver a endeudarse de nuevo? —No, el acuerdo de la deuda tiene un principio que es la neutralidad para la deuda del Reino de España. Por eso es una mutualización, porque traspasa deuda de unas Comunidades a otras a través del Gobierno, pero con más intensidad a aquellas que más deuda tienen. A partir de ahí no se puede volver a endeudar al nivel anterior porque si no la deuda de España crecería exponencialmente y así está recogido en el punto cuatro del acuerdo. La deuda que asume el Gobierno no puede volver a ser recuperada por las CC.AA. Por eso no aumenta la capacidad de gasto, simplemente aumentará la solvencia de las que estaban muy endeudadas. El segundo gran efecto es el de los intereses que también es neutral. Pero también es un efecto perverso, porque, de nuevo, las comunidades más endeudadas le pasan una mayor carga de financiación de su deuda al resto de los españoles. ¿Cómo? Porque a partir de ahora la va a asumir el Gobierno. Por lo tanto, todos pagaremos esos intereses a partir de ahora cuando antes se pagaban solo por la Comunidad que los había generado. Y por otra parte, como ha dejado bien claro la Airef, dado que los intereses están excluidos de la regla de gasto, tampoco van a suponer ni un euro de capacidad adicional de gasto para políticas de las CC.AA. El efecto es totalmente neutro. —¿Entonces, si Galicia aceptara la quita de los 4.010 millones, no se le generaría ahorro? —No, en absoluto. No nos da más capacidad de gasto ni de financiación de ninguna política pública. Me modifica en que yo, a partir del año que viene, tendré que pagar menos amortizaciones de deuda. Pero en el mundo de la administración pública esa deuda no es como con las familias, las hipotecas, que la pagas con tu sueldo y si no tienes que pagar hipoteca tienes más sueldo del que disfrutar para consumir o para ahorrar. No. Las administraciones refinanciamos la deuda. Cuando vence, emitimos otra vez deuda y con eso pagamos la deuda anterior. Lo que va a pasar es que no tendremos que emitir tanta deuda a futuro para financiar las amortizaciones. ¿Por qué? Porque el que la tendrá que emitirla será la Administración General del Estado. Lo que hace esta medida es aumentar la solvencia de las CC.AA., sobre todo de las que están muy endeudadas. —El método de cálculo para la quita beneficia a quienes han subido el tramo autonómico del IRPF. ¿No se vulnera así la autonomía financiera? —Totalmente. Es que no hemos querido entrar en los criterios porque no estamos de acuerdo con la medida ni en cómo se desarrolla. Lo lógico sería haber elegido una variable de las que se utilizan para medir homogéneamente los niveles de endeudamiento cuando tienes que comparar entre diferentes territorios, que son el PIB o la cápita ajustada, que es la que se utiliza para valorar el sistema de financiamiento autonómico y nada más. Como ha dicho la propia ministra, ella misma se ha inventado una serie de criterios políticos que distorsionan la racionalidad de esta medida y lo hacen para perseguir un resultado predeterminado de antemano que no tiene ningún sentido. No podemos compartir que se premie sin ninguna justificación a las comunidades que más deuda han generado sin discriminar el motivo de la generación de ese sobreendeudamiento. Como tampoco podemos compartir que se premie a las comunidades simplemente por el hecho de haber subido los impuestos. Si has subido los impuestos y has aumentado el gasto al doble ¿por qué te tienen que premiar? Están elevando el nivel de riesgo moral de esta medida hasta el infinito. —¿En qué momento hemos sacado la moral de la gestión pública? —En el momento en el que cambias el sentido de país por el tacticismo para mantenerte en el gobierno. —¿Y si les transfirieran realmente esos 4.010 millones, qué diría? —Si me lo transfiriera para poder gastar en políticas competencia de la Comunidad estarían haciendo una revisión del sistema de financiación autonómico. —La quita de la deuda, una vez se apruebe por ley orgánica, ¿va a ser de aplicación automática? —No, el texto de la norma dice que será un procedimiento rogado. Una vez que se apruebe la ley –que es mucho suponer– el precepto legal que debe dar soporte a esta asunción de deuda, debe celebrarse posteriormente una comisión bilateral y ser aceptado por las CC.AA. —¿Y qué va a hacer Galicia? —No está sobre la mesa la aceptación ni ningún escenario. Estamos en situación de ‘wait and see’. —No es el caso gallego, pero hay autonomías que están muy condicionadas por su elevada deuda. ¿Entendería que algunas acabasen por aceptar la quita? —Puedo entenderlo todo y yo, como he dicho muchas veces, tengo que defender a mi Comunidad. Pero lo hago también con sentido de Estado pensando en mejorar el Estado de las Autonomías. Y por eso nuestra propuesta, y lo que le dejamos por escrito a la ministra, era un orden que pensábamos que era mucho más racional. Que es esa revisión del sistema de financiación. Una vez que se haga eso, sí que se podría, como elemento de cierre, revisar el endeudamiento. Incluso ayudar a algunas Comunidades que tienen un problema con el endeudamiento. Lo racional es que todas las CC.AA. terminen saliendo al mercado. Igual el mecanismo más idóneo, como dice la Airef, para hacer esto es una reestructuración de la deuda, y no simplemente una solución por parte del Estado. Porque, como digo, esta medida fomenta actitudes irresponsables y es como bajar contadores para reiniciar la carrera para endeudarse. —Castilla y León ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional. ¿Galicia seguirá este mismo camino? —Tenemos que ver es cómo se van desarrollando los acontecimientos. Se tiene que tener en consideración que haya catorce Comunidades que se hayan levantado de la mesa y que hayan dicho que hasta aquí, que no se puede seguir. El Gobierno no puede mirar para otro lado y seguir trabajando con aquellos partidos con los que necesitan los votos en Madrid y obviar lo que le están diciendo la mayoría de las CC.AA. Deberían reaccionar a esto de alguna manera. —El siguiente debate es el de la financiación. ¿Puede haber ‘financiación singular’ para todas las Comunidades Autónomas? —No. Eso suena a un sistema de cupo para todas las CC.AA., con lo cual desaparecerían todos los mecanismos de nivelación que diseña la Constitución para garantizar una financiación equivalente a todos los españoles, independientemente de donde residan. Desaparecería la organización financiera pero también social como hacemos en el Estado de las Autonomías hoy en día. Sería otra cosa. —¿Le preocupa que se acabe introduciendo el concierto catalán en el nuevo modelo? —Eso sería el comienzo del fin del sistema de financiación tal y como lo conocemos ahora mismo. Significará que esa nivelación que tiene una base en el principio constitucional de igualdad entre todos los españoles desaparece y pasa de ser una concesión graciable de una Comunidad, que asume todos los impuestos que se recaudan en su territorio y decide ella graciosamente qué parte destina a lo que llaman solidaridad, que no es solidaridad, es nivelación, es un derecho. —¿Entiende que el BNG reclame un modelo de concierto para Galicia? —No lo entiendo en absoluto porque es totalmente perjudicial para nuestra Comunidad, se mire por donde se mire. Sólo puede obedecer a una cuestión ideológica. Y yo entiendo que haya gente que piense diferente a mí; lo que no entiendo es que no se les explique la verdad a los ciudadanos y que no se les diga que esa forma de pensar diferente tiene un coste muy importante para ellos. —¿En qué horizonte realista cree que puede abordarse el nuevo modelo de financiación? —Si se pone encima de la mesa una propuesta, que hay trabajo técnico de sobra hecho, tanto de evaluación de cómo está funcionando el sistema como de propuestas para el nuevo, se podría cerrarse este año.



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Author : (abc)

Publish date : 2025-03-02 09:29:00

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