El CGPJ avala retirar la patria potestad a padres condenados por violencia de género

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido este martes uno de los elementos del anteproyecto de violencia vicaria que más discordia ha generado entre los ministerios de Igualdad, Juventud y Justicia, los coproponentes. El Pleno del Poder Judicial ha aprobado por un unanimidad un informe que avala las medidas contempladas en este texto legislativo, entre las que se encuentra la retirada de la patria potestad de forma automática a los padres sobre los que recaiga una sentencia firme por violencia de género, vicaria o sexual contra su pareja o expareja. El objetivo es proteger a los hijos de las víctimas y a éstas, han argumentado siempre desde el Gobierno; «porque un maltratador no es un buen padre». El asunto lleva meses generando debate entre Juventud e Igualdad, por un lado, y Justicia, por otro. Los dos primeros ministerios encabezados por Sira Rego y Ana Redondo, respectivamente, defendían que los padres investigados por violencia de género, vicaria o sexual no pudieran ver a sus hijos y se les quitase la patria potestad. Sin embargo, Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha ido frenando la ambición de sus compañeras de gabinete. Su departamento defendió que cada caso debe analizarse de forma individualizada, trasladando que son decisiones judiciales que no pueden automatizarse. El escollo fue tal que casi revienta en febrero la negociación del anteproyecto. Precisamente, la reforma de la ley de protección integral de los menores, conocida como LOPIVI, que se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros hace unas semanas, tampoco sirvió para resolver este desacuerdo que Rego planteó también introducir en su cuerpo normativo. En este caso, quedará abierto a la fase de enmiendas en su tramitación en las Cortes Generales. En febrero, la tensión en la terna negociadora alcanzó las cotas más altas por esta medida. Juventud e Infancia amagó con abandonar el texto legislativo que estaba redactando junto con Justicia e Igualdad al considerar «inaceptable» que el articulado del borrador permitiera que un maltratador pudiera seguir teniendo contacto con los hijos que tiene en común con la víctima de violencia vicaria o de género. «Un maltratador no puede ser un buen padre y el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia», denunciaron en aquel momento desde el equipo de Rego. Entonces, reprocharon la negativa del departamento que lidera Félix Bolaños a contemplar en la ley las observaciones de las asociaciones feministas y a corregir los «riesgos» que éstas habían estado advirtiendo para la protección de las mujeres. Esto provocó el ultimátum de Rego, que funcionó. En ese momento, las organizaciones especialistas en la materia de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional habían denunciado en abierto que la tipificación de violencia vicaria, según se contemplaba en aquel texto, dejaba a «las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica». En aquel momento Redondo admitió que no todas las peticiones de las asociaciones se habían podido añadir al borrador, porque, puntualizó, que éstas deben ser «conciliables con una técnica jurídica correcta». No obstante, las conversaciones continuaron entre los tres y en lograron redactar un texto donde las pretensiones de Rego y Redondo tuvieran encaje legal. Así, la ministra de Juventud se mostró optimista con la versión final del texto que Bolaños envió al CGPJ para que fuera revisado. Pero todo esto no significa que sea la redacción final. Ahora, deberá volver al Consejo de Ministros para aprobarse en segunda vuelta y empezar su recorrido parlamentario, donde puede cambiar en el trámite de enmiendas.



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Author : (abc)

Publish date : 2026-05-19 17:37:00

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