Hay momentos en los que la fuerza de una institución que simboliza la «unidad y permanencia» del Estado se mide menos por sus atribuciones que por las certezas que transmite. La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla es uno de ellos. Las campanas de Nuestra Señora de África, las calles cubiertas de banderas españolas y los vítores a Felipe VI expresan algo más profundo que el afecto de los ceutíes hacia la monarquía. Son la respuesta de una ciudadanía que necesita sentirse protegida y que encuentra en la Corona una afirmación inequívoca de su pertenencia a España. El Rey lo ha expresado con absoluta claridad: «La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles». No es una visita cualquiera. Los acontecimientos de los pasados 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas entraron desde Marruecos, dejaron una profunda sensación de desamparo entre los ceutíes. La inseguridad, el descontrol fronterizo y las escenas vividas en sus calles y playas pusieron de manifiesto que la inmigración irregular no es sólo un desafío humanitario o administrativo. También puede convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y la integridad territorial cuando el Estado pierde el control de sus fronteras. El propio Felipe VI ha recordado que quienes entraron irregularmente deben regresar a sus países de origen por los cauces legales, siempre con respeto a su dignidad y a las garantías del Estado de derecho. Esta dimensión adquiere una gravedad extraordinaria tras conocerse que buques de guerra marroquíes penetraron en aguas de Ceuta durante aquella crisis, obligando a intervenir a la Armada española. Pedro Sánchez reconoció el lunes un incidente que permaneció oculto a la opinión pública durante 75 días y que ahora pretende reducir a «hechos puntuales». Resulta difícil conciliar esa minimización con la gravedad de un episodio que afectó a nuestra soberanía. Más grave aún es que el presidente no informara al Congreso mientras presumía de transparencia y prometía facilitar toda la documentación. La discreción diplomática no puede ser coartada para ocultar al Parlamento acontecimientos de este calibre. La Zarzuela ha confirmado que el Gobierno informó al Rey de aquella incursión, aunque sin precisar cuándo. Cabe preguntarse qué tensiones debieron soportar el Ministerio de Defensa y los mandos militares mientras el Ejecutivo administraba políticamente una crisis de semejante alcance. La seguridad nacional exige responsabilidad, no silencios interesados. Precisamente por eso conviene recordar que los símbolos constitucionales no son elementos ornamentales. Su autoridad institucional merece respeto y una protección jurídica acorde con su significado. Resulta contradictorio reconocer el valor de la Corona en momentos de incertidumbre y promover una despenalización que debilite su amparo, sin perjuicio de la legítima libertad de crítica. Felipe VI ha dicho a los ceutíes: «No estáis solos y no estaréis solos». Corresponde al Gobierno respaldar esa certeza con transparencia y determinación. Porque la soberanía española exige tanto la fuerza de sus símbolos como la firmeza de quienes deben defenderla.
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Author : (abc)
Publish date : 2026-10-13 18:07:00
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